jueves, 8 de enero de 2015

Hay 13 policías municipales en Medellín arraigados en el caso Moisés Sánchez: PGJ

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Xalapa, Veracruz

En la Procuraduría General de Justicia examinamos todos los elementos e indicios que conduzcan a conocer el paradero de Moisés Sánchez Cerezo, y antes que negar alguno de los nuevos, son investigados concienzudamente cada uno de ellos utilizando métodos y tecnología de punta en matgeria pericial, afirmó el procurador Luis Ángel Bravo Contreras.
El Fiscal se reunió la noche de este miércoles con reporteros de diferentes medios de comunicación, con quienes comentó acerca de las investigaciones que se llevan a cabo sobre la desaparición de Sánchez Cerezo.
Les dijo que “hasta el momento se realizan un caudal de diligencias ministeriales, que personalmente constato que se lleven a cabo de manera transparente y pulcra, lo que permite que a la fecha el Juez haya concedido el arraigo de 13 policías municipales de Medellín, y contamos ahora con un plazo de 30 días para continuar investigándolos”.
Aseguró, a pregunta expresa de un reportero, que de encontrarle responsabilidad al presidente municipal de Medellín, Omar Cruz, se actuará conforme a Derecho y se llevarán a cabo las acciones correspondientes pues se trata de un alcalde, que ostenta fuero constitucional; “pero no habrá omisión de ningún tipo”.
Dio a conocer que como parte de las diligencias que lleva a cabo la dependencia a su cargo, personal de servicios periciales realiza pruebas de ADN y antropométricas a cadáveres localizados en la región central de la entidad.
“Los signos encontrados en los cuerpos no permiten hasta el momento establecer una certeza en la identificación; sin embargo, las pruebas de genética serán contundentes en los resultados afirmativos o negativos.
Nuestro compromiso es desahogar todas las líneas de investigación para consignar la verdad de los hechos, para cumplir en este caso como en todos y perseguir los delitos que ocurren en Veracruz”.
Bravo Contreras informó que en breve, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), emitirá su dictamen para determinar si atrae este caso.
“Aún así, si nuestra investigación determina que tuvo parte la delincuencia organizada en los hechos, la Ley me obliga a dar parte a la PGR y, en su momento, daría cuenta puntual, como lo mandata la ley”, finalizó.